PGN 2018 incluye implementación del nuevo Código Penal

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 incorporó recursos económicos para la implementación de la primera fase preparatoria del nuevo Código de Sistema Penal, para esta gestión se destinará Bs 18 millones.

"No solo es la modificación de la letra que tiene buenos deseos de cambiar la justicia, también debe estar acompañado de recursos económicos, Bs 18 millones de bolivianos es que se ha previsto para este primer año de la implementación del Código", explicó el presidente de la cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

La autoridad legislativa explicó que, para plasmar el cambio en la justicia que se prevé con la nueva norma, se requiere de recursos económicos y que por eso se incluyó en el presupuesto una partida específica para la implementación.

PRESUPUESTO

En el PGE de este año se destinó Bs 953. 919.671 para el Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional el cual no llega ni al 1% de los recursos, sin embargo los miembros del Colegio Nacional de Abogados indicaron que se requiere al menos el 5% para la mejora de la infraestructura y la capacitación de los jueces, fiscales y personal administrativo.

Anteriormente la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame manifestó que con la implementación de las nuevas normas se requiere recursos por encima del porcentaje señalado.

Este mismo criterio fue emitido por el actual presidente del Colegio Nacional de Abogados, Israel Centellas, que a la vez criticó que el gobierno este retrasando la implementación de los cambios en la justicia penal.

COMISIÓN

Por otra parte Gonzales manifestó que entre la última semanada de enero y la primera de febrero se reunirá la comisión de seguimiento e implementación del código de sistema penal, donde se realizará un cronograma tentativo para la ejecución de las capacitaciones y la modificación de la infraestructura de los tribunales y juzgados.

"En esta reunión participarán los Ministros de Justicia y de Gobierno, los presidentes de las diferentes instancias del Órgano Judicial, los presidentes de ambas cámaras, el ministerio público, es decir que los principales actores de la justicia boliviana estarán conformando esta comisión", destacó el legislador.

La norma dispone un plazo de 18 meses a partir de su publicación para ejecutar los diseños de modelos de gestión, la elaboración de reglamentos, instructivos; adecuación de herramientas e infraestructuras de los ambientes que garantice la operatividad de la nueva justicia penal.

Por otra parte se plantea un plan de formación y especialización para los jueces y fiscales que estará a cargo de la Escuela de Jueces del Estado y de Fiscales, universidades públicas y privadas y otras.

Para jueces y fiscales se destina al menos 240 horas de capacitación en diferentes ámbitos, donde se pone mayor énfasis a la especialización en investigación penal que se destina 150 horas de capacitación.
 


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