Realizarán inspección técnica en caso taladros de YPFB

GUILLERMO ACHÁ (IZQ) JUNTO A SU ABOGADO HÉCTOR CASTELLÓN (DER), CAMINO A UNA DE LAS AUDIENCIAS EN TRIBUNALES.

El Ministerio Público anunció para el 1 de marzo la realización de la Inspección Técnico Ocular (ITO), seguida de reconstrucción en el caso taladros Drillmec de YPFB, en el cual se procesa al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Acha, junto a otros funcionarios.

Roger Valverde, abogado de la exjefe de contrataciones de YPFB, Paola Oporto, una de las últimas funcionarias que fue imputada dentro de este proceso, confirmó el anuncio a tiempo de referir la importancia de la información que pueda emerger de este proceso, aunque con el tiempo es un elemento que no favorece.

YPFB adjudicó el contrato para la compra de tres taladros por $us 148 millones a la empresa italiana Drillmec a pesar de haber cometido, al menos, 10 vicios de nulidad en el proceso de contratación, según detalla el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, emitido en 2016.

Ante el escándalo por las posibles irregularidades en el contrato, el ahora expresidente, Guillermo Achá, fue suspendido y destituido del cargo a otros 15 subalternos que también son procesados en la vía penal.

“Esa inspección (ITO) tiene que llevarla adelante el Ministerio Público en instalaciones de YPFB (...). Aunque nosotros, de verdad, consideramos que muy poco se va a poder obtener de esa inspección, después de tanto tiempo”, aseveró Valverde. Similar criterio tiene Héctor Castellón, abogado de Guillermo Achá.

El expresidente de YPFB cuenta con detención domiciliaria y en sus declaraciones apuntó como a una de las responsables de las irregularidades a Oporto que, a su vez, le abrió un proceso de acción privada por difamación.

OBSERVACIONES

“Veamos lo absurdo de la ITO, no es pertinente, jurídicamente hablando, en la reconstrucción, qué se va decir, ¿con este bolígrafo se ha firmado el contrato?, ¿en esta computadora se ha escrito?, no hay una relación con lo que se está investigando”, aseveró Castellón.

A su vez, para la defensa de Achá existen varias observaciones en el proceso, por el cual cree que todos los involucrados deben ser sobreseídos, pues no existe daño económico luego de que se suspendió el contrato con Drillmec.

Castellón cree que una de las cosas que busca la Fiscalía es entablar un careo entre los imputados para lograr algún indicio en una investigación que afirma no tiene avances.

Valverde, por su parte, refirió que no existe certeza acerca de qué parte de la extensa relación de hechos pretende reconstruir la Fiscalía, considerando que lo sustancial de esa adjudicación de contrato en favor de Drillmec se realizó en Santa Cruz.

La ITO se realizará en La Paz, y para este acto deben estar presentes todos los imputados que se encuentran recluidos en diferentes centros penitenciarios, cuatro de ellos en Palmasola de Santa Cruz.

ANTECEDENTES

El caso de corrupción fue hecho público por el senador Óscar Ortiz (UD); en su calidad de denunciante señala que el proceso denominado “Adquisición de tres equipos de perforación” está plagado de vicios de nulidad y actos poco transparentes.

A la fecha, se conoce de 15 funcionarios de YPFB y un particular (representante de Drillmec) que fueron denunciados ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

La primera convocatoria para la adquisición de los tres taladros contempló como precio referencial el monto de $us 117,7 millones, establecido en el Documento Base de Contratación (DBC), pero fue declarada desierta porque las empresas en carrera no cumplieron con las especificaciones técnicas. Sin embargo, la segunda convocatoria subió el precio referencial a $us 165,4 millones a pesar de haber eliminado ítems por más de $us 12 millones contemplados en la primera versión.

El resultado de la convocatoria pública de ofertas concluyó con la adjudicación a la empresa Drillmec SPA, habiéndose firmado el contrato con YPFB el 7 de diciembre de 2016 por un valor de $us 148,8 millones.

Mediante resolución del directorio de YPFB, 47/2016, se autorizó el proceso de contratación de referencia que en su artículo segundo indica: "El presidente ejecutivo de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución, en el marco de la normativa vigente".


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