Retardación de justicia genera cadena de obstáculos a litigantes

    Los juzgados en la ciudad de El Alto albergan cada día a cientos de litigantes que ocupan oficinas, pasillos, patios y fotocopiadoras, a la espera de resultados de sus procesos legales, con la esperanza de no verse sorprendidos con alguna actuación inadecuada de alguno de los administradores de justicia.

RETARDACIÓN

Juan Mamani es uno de los litigantes que acude frecuentemente a los juzgados en la ciudad de El Alto, desde la pasada gestión. Vive con la esperanza de lograr sentencia en un caso de estafa, estelionato, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, proceso que se encuentra actualmente en juicio oral.

Hasta la fecha, el entrevistado relató que el juicio le demandó la inversión de $us 15.000 que, a su juicio, representa el mismo valor económico que buscaba recuperar con el trámite judicial.

Mamani también destinó tiempo para permanecer en el proceso contra cinco personas, sin embargo, observa que una de las mayores dificultades que impiden llegar a la sentencia es la constante suspensión de audiencias.

“Yo estoy desde el 2012. Hasta la fecha son cuatro años, con el problema de mi terreno, que han querido apropiarse los inquilinos, incluso me he prestado dinero de una entidad financiera, como algo de 70 mil dólares, lo que hasta la fecha he invertido”, indicó.

Hace algunos días, Mamani se mantuvo atento a la conclusión de su proceso en una audiencia, pero, como en muchas otras ocasiones, ésta también fue suspendida hasta nuevo aviso.

PROBLEMAS

Entretanto, el exfiscal Harold Jarandilla aseguró que existe un segundo factor que perjudica los procesos judiciales y que también genera retardación de justicia, este es la falta de profesionalismo de parte de algunos investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Por lo que propone que esta instancia sea independiente de la Policía Boliviana, para que los investigadores logren una especialidad con formación superior y evitar que funcionarios policiales asuman el servicio tan sólo como un destino más.

“Recolectar evidencias, proteger la cadena de custodia y lograr mejores resultados científicos, debiera ser lo óptimo, mientras que en la actualidad cualquier funcionarios de la Policía logra ser destinado a dicha dependencia, donde en dos días es capacitado y se espera que responda. Esto genera como resultado el desconocimiento de la ley, la vulneración de los derechos constitucionales, fuera de causar el riesgo de maltrato para alguna de las partes del proceso e ineficiencia en la investigación, además del incumplimiento de plazos procesales, lo que es recurrente”, remarcó.

Según el entrevistado, otro problema que aparece cuando autoridades políticas hacen uso constante de funcionarios policiales para resguardar conflictos sociales, ya que son destinados a resguardar marchas, vigilias y otros, lo que paraliza el avance de los casos.

ADULTOS MAYORES

Por otra parte, las personas de la tercera edad son un grupo vulnerable a ser extorsionado, estafado y sorprendido en su buena fe como resultado de su falta de conocimiento a las normas.

Uno de los casos se pone en evidencia con Maruja Díaz, quien fue sorprendida por una pareja que buscaba comprar su casa a sola firma, acción comprometida en un papel que fue el instrumento que sirvió para falsificar documentos del título de propiedad de su vivienda, propiedad que nunca vendió y que en la actualidad está en riesgo de perder y quedarse en la calle.

“Los inquilinos son quienes han falsificado mis documentos como la minuta y han sacado testimonio, todo con una firma falsa y mis huellas dactilares. Fui sorprendida a mis 75 años”, expresó Díaz, quien desde hace dos años no encuentra justicia y está a punto de perder su derecho propietario.

DENUNCIAS

Para los investigadores de la Felcc, por día se recaba entre 15 a 25 denuncias, sobre todo los fines de semana, las cuales son remitidas al Ministerio Público, instancia que define la anulación o la apertura del proceso judicial.

Esta instancia también coincide con la falta de mayor presupuesto para ser invertido en los equipos de investigación, traslado de uniformados y mayor cantidad de efectivos, con la finalidad de que se mantenga a la institución como un área especializada.

“Yo no gano nada con este destino, si por lo menos fuera una especialidad de la cual se lograra la posibilidad de ascender por méritos, de acuerdo con los casos investigados y resolver hasta el final cada uno de ellos, existe la posibilidad de que sea una unidad más científica. En la actualidad es un destino más”, expresó Mirko, uno de los investigadores de la Felcc, que solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.

Cabe resaltar además que en la ciudad de El Alto surgió la Asociación de Víctimas de la Justicia, como resultado de la retardación, burocratización y mercantilización de los procesos.

El Diario.


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