Sentencia de reparación de daños para víctimas de Octubre Negro está en proceso de ejecución: Gonzales

   El juez Primero de Sentencia, Eduardo Gonzales, informó el martes que la sentencia de reparación de daños para las víctimas de la denominada masacre de "Octubre negro" está en proceso de ejecución para un resarcimiento de 1.139.986 bolivianos a favor de los heridos graves y familiares de los fallecidos.

    "En realidad estamos en proceso de ejecución de la sentencia de la reparación de daños, se están recibiendo sistemáticamente y paulatinamente las respuestas a los oficios que se envió  desde este despacho, pidiendo información sobre los bienes que tuvieran los demandados, los obligados", explicó a los periodistas.

    Gonzales dijo que la sentencia de reparación de daños no se realizó en la vía voluntaria, sin embargo, el cobro de esa obligación es coactivo a favor de por lo menos 80 o 90 demandantes de  128 querellantes.

    "Un grupo importante no logró  demostrar la obligación que debía realizarse para su resarcimiento", puntualizó.

    Explicó que el detalle de la resolución de sentencia de 12 de febrero de 2016, establece que los imputados deberán desembolsar determinados montos según una calificación de cada caso para los heridos graves y los familiares de los fallecidos en los hechos luctuosos de octubre de 2003.

    "Se ha hecho una calificación individual, caso por caso, analizando el daño sufrido, el núcleo cesante, el daño emergente de cada una de estas personas y la vinculación que tuvieran que tener con el juicio penal", subrayó.  

    Dijo que el total del pago asciende a 1.139.986 bolivianos, monto que deberá ser desembolsado por los seis imputados acusados en ese proceso.

    Se trata de los cinco miembros del ex Alto Mando Militar: Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera, que cumplen una sentencia de 15 años y seis meses de prisión; José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados 11 años y el general Gonzalo Alberto Rocabado, 10 años.

    Además de los ex ministros de Estado, Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi y Adalberto Kuajara Arandia, el primero recuperó su libertad en diciembre de 2011 y el segundo falleció en febrero de 2013.

    En octubre de 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, murieron cerca de 60 personas tras la revuelta en El Alto y La Paz en contra de la decisión de vender gas a Estados Unidos por Chile, además de más de 400 personas heridas.
jmv/rsl                          ABI

 


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