Tramitan 45 denuncias contra autoridades del Órgano Judicial

De los 69 procesos presentados en los últimos tres años contra las principales autoridades judiciales del país, 45 están en trámite, de acuerdo con el informe de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

Las causales principales contra las autoridades judiciales son prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y retardación de justicia (cinco o más años), informó ayer el diputado del MAS-IPSP Víctor Borda, presidente de dicha comisión.

Las acusaciones involucran a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental (TA).

En el período 2015-2016 se presentaron 26 procesos (ocho contra el TCP, 11 contra el Consejo, cuatro contra el TA y tres contra el TSJ), de los cuales nueve están en trámite.

Durante el período 2016-2017 se hicieron 24 denuncias (11 TCP, seis Consejo, cuatro TSJ y tres TA), de las que 17 están en trámite.

En el período 2017-2018, de los 19 casos presentados que se tramitan: 12 involucran al TCP, cinco al TSJ y dos al Consejo.

“Una de las consejeras que renunció (Cristina Mamani) tenía 19 procesos pendientes por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, y como no hay sanción penal, estos procesos fueron remitidos al Ministerio Público”, manifestó.

Borda explicó que la comisión de la Cámara de Diputados debe emitir criterios conclusivos para instalar los juicios de responsabilidades, que luego se ventilan en la Cámara de Senadores.  

De acuerdo con la Ley 612, la facultad de juzgamiento de la Cámara Alta es eminentemente administrativa y la máxima sanción es la destitución, si renuncia ya no procede y tiene que remitirse al Ministerio Público para que sea juzgado como cualquier persona, sin ningún privilegio. “El renunciar no te libera del proceso, sino que pasa a la Fiscalía”, apuntó.

Cuando las denuncias involucran, por ejemplo, a cinco magistrados, de los que cuatro renuncian y uno está vigente, se debe seguir conociendo el proceso (en la Asamblea Legislativa) por el que está en funciones. En esa situación se encuentra Freddy Sanabria, “quien tiene muchos procesos, pero vinculados a toda la estructura del antiguo Consejo de la Magistratura”.

Nuevo reglamento

El diputado Borda, de profesión abogado, advierte que el mecanismo de enjuiciamiento “hace una retardación, una dilación indebida, reunir 36 senadores, hacer un juicio oral, público, continuo, permanente cuando la naturaleza de las cámara es promulgar leyes”.

Por esa razón, indicó que la Comisión de Justicia Plural está elaborando un nuevo reglamento y se propondrá “delegar a 10 ó 15 senadores para que hagan de tribunal permanente en este tipo de juicios y así evitar que se paralice la actividad de la Cámara de Senadores”.

El proyecto de reglamento también propondrá que en caso de renuncia de la autoridad judicial, el proceso “ipso facto, sin mayor trámite y con una mera resolución, sea remitido al Ministerio Público, y el denunciante se apersone a la Comisión de Justicia para hacer el seguimiento respectivo y constituirse en parte civil del proceso”.

El legislador considera que de darse paso a las reformas del reglamento se podrán tramitar las denuncias con mayor celeridad para las partes involucradas.

 

CONTEXTO

    Gualberto Cusi, del TCP, fue enjuiciado por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado. El Tribunal de Sentencia lo destituyó de su cargo el 1 de junio. El 4 de septiembre, el Legislativo rechazó la apelación que presentó Cusi.

 


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